Con esta nota informativa queremos dar a conocer el trabajo realizado por la Asesoría jurídica del Colegio y la Junta de Gobierno del CEES-ARAGÓN en su empeño constante de defender y dar valor a la Educación Social, aún, en ocasiones, teniéndolo todo en contra.

Seguimos en ello a diario.

 

ANTECEDENTES.

Con fecha 16 de noviembre de 2020 se publicó en Boletín Oficial de Aragón la convocatoria del Ayuntamiento de Zaragoza para la provisión de diversas plazas del grupo A2 de la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza y, entre ellas, se convocaban 4 plazas de Técnico Medio Educador.

Una vez publicadas las Bases de la Licitación, se comprobó que para las plazas denominadas “Técnico Medio Educador” se exigía, como único requisito de titulación el de contar con una Diplomatura universitaria o título de grado equivalente, permitiendo con ello que cualquier titulado universitario pueda acceder al ejercicio de dicha plaza.

Entendiendo que en realidad las funciones asociadas a la categoría de Técnico Medio Educador en el Ayuntamiento de Zaragoza coinciden y son las propias de Educador o Educadora Social, el CEES Aragón decidió impugnar la convocatoria, al considerar no sólo que supone un caso de intrusismo profesional, sino que además provoca una merma sensible en la calidad del servicio público que ha de prestarse a los ciudadanos y ciudadanas, especialmente a las personas pertenecientes a colectivos en situación de especial vulnerabilidad por sus circunstancias.

Esta acción de impugnación se enmarca dentro del proceso de denuncia y persecución del intrusismo, así como defensa del ejercicio de la profesión que desde el CEES Aragón se ha venido impulsando desde hace años.

En concreto, estas mismas plazas ya fueron objeto de una impugnación judicial en el año 2008, que finalizó definitivamente por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 23 de febrero de 2011, en la que, si bien se reconocía que la admisión de cualquier titulación para el ejercicio del puesto no resultaba admisible, se terminó desestimando la petición del CEES Aragón, por entender que tampoco aparecía justificada la reserva en exclusividad a los graduados en Educación Social, al no coincidir exactamente la denominación de la plaza (Técnico Medio Educador) con la de la titulación (Educador Social).

 

IMPUGNACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO.

La impugnación ahora sostenida frente a la convocatoria de 2020 resultó desestimada en vía administrativa por el propio Ayuntamiento (como, por otro lado, era de esperar, dado que el Ayuntamiento siempre se ha negado a aceptar nuestras propuestas). Por ello, se decidió por el CEES Aragón proceder a la impugnación judicial de la convocatoria, lo que se llevó a efecto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Zaragoza, siendo resuelto por sentencia dictada con fecha 23 de marzo de 2022, en la que se desestimaba la solicitud del CEES Aragón, otorgando con ello plena validez a la convocatoria de las 4 plazas de Técnico Medio Educador.

Básicamente, la sentencia desestimó la petición por un motivo estrictamente formal (o de carácter técnico jurídico procesal), en el sentido de entender que no procede impugnar los requisitos concretos para el desempeño de una plaza en el proceso de su licitación, sino que ha de impugnarse a través de un recurso contra la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración o sus modificaciones (criterio éste de carácter novedoso, puesto que hasta fechas recientes, no existía obstáculo para poder impugnar en el recurso contra la convocatoria de plazas los requisitos concretos de titulación).

Por otro lado, la sentencia censura también el hecho de que no se trate de una licitación ordinaria, sino de un proceso de estabilización de plazas de carácter temporal (tendente a consolidar en el puesto a personas que ya ejercen las plazas con carácter interino o provisional), entendiendo que no cabe exigir nuevos requisitos de titulación que no hubieran si do ya exigidos en el acceso temporal a las citadas plazas.

Por último, y aunque de forma muy genérica, alude la sentencia a la titulación exigida, entendiendo que, al no coincidir exactamente la denominación de las plazas con la de la titulación, no procede aplicar la reserva de exclusividad a los titulados y tituladas en Educación Social, en aplicación de lo que hasta la fecha han venido resolviendo los Tribunales.

 

CONCLUSIÓN.

Tras estudiar detenidamente la sentencia, se ha llegado a la conclusión de que no es viable sostener un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, dado que, según la citada jurisprudencia, solo cabría alzarse contra la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo, no siendo por lo tanto la presente convocatoria el escenario adecuado para discutir la titulación exigida.

Por otro lado, el CEES Aragón tiene la claro que, si bien ha de seguirse sin descanso el camino de la exigencia frente al Ayuntamiento de Zaragoza, hasta lograr el adecuado reconocimiento de nuestra profesión, la vía más adecuada en este momento es la de lograr que se modifique definitivamente la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, creando como categoría profesional específica la de Educador/a Social, y adscribiendo a la misma todos los puestos y plazas que coincidan en funciones con las propias del Educadora. Por ello, se ha iniciado un proceso de toma de contacto con todos los sindicatos con representación en la Junta de Personal del Ayuntamiento, en el que se ha recibido el apoyo unánime para defender esta pretensión ante la Oficina de RRHH del Ayuntamiento.

El siguiente paso es reivindicar ante las Consejerías implicadas (principalmente de la Acción Social y Familia, por ser la que más puestos aglutina en su plantilla) para que apoyen desde el nivel técnico esta misma reivindicación, estando en este momento en espera de una reunión con sus responsables. Finalmente, una vez recabados los apoyos técnicos, políticos y sindicales, se procederá a plantear la cuestión ante la Consejería de Personal y la Oficina de Recursos Humanos del consistorio, con el fin de lograr que se reconozca definitivamente la categoría profesional de Educador/a Social en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Como es sabido, el Decreto nº 184/2016, de 20 de diciembre del Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización y funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales en Aragón exige que en los Centros Municipales de Servicios Sociales exige que formen parte del equipo multidisciplinar del centro, entre otros, el Educador/a Social. Y sorprendentemente (y de forma poco coherente) el Ayuntamiento acaba de aprobar en el mes de marzo el Reglamento de los Centros Municipales de Servicios Sociales de la ciudad de Zaragoza, donde contempla precisamente la figura de Educador/a Social como miembro del equipo integrante del centro. Todo ello, nos carga de argumentos para seguir luchando por el reconocimiento de nuestra profesión en la segunda administración por importancia cuantitativa de todo Aragón, pese a que es una de las que peor consideración demuestra hacia la labor y el reconocimiento de la Educación Social.