El CEES Aragón pone en valor y apoya tanto a las educadoras sociales como al resto de profesionales del sector de Protección y Reforma del Menor de nuestra autonomía en su reivindicación para crear un convenio propio que reúna condiciones más dignas de las hoy contempladas en su marco legal.
Manifiesto de APOYO y ADHESIÓN al desarrollo del I CONVENIO AUTONÓMICO de
Reforma y Protección de Menores para Aragón
Los abajo firmantes manifestamos nuestro apoyo a las profesionales del sector de
Reforma y protección de menores en Aragón, que reclaman un Convenio Autonómico que dignifique un trabajo que actualmente desarrollan en condiciones de absoluta precariedad.
Aragón es una nacionalidad histórica que dispone de los instrumentos de autogobierno y las competencias necesarias para hacerlo, y se colocaría con ello a la vanguardia de las comunidades más punteras en el desarrollo de una intervención social profesionalizada, rigurosa y de calidad en la protección a sus niños y jóvenes más desamparados y vulnerables, fomentando la consolidación de equipos multidisciplinares con altos niveles de formación, experiencia y compromiso.
Este Convenio Autonómico ha de dignificar las condiciones de vida de estas trabajadoras esenciales. Y hablamos en femenino porque son mayoría en muchos de los puestos que engloba el sector: Educadoras Sociales, Coordinadoras Educativas, Equipos Técnicos, trabajadoras de servicios residenciales, psicólogas, sanitarias, etc.
Todas estas profesionales de los diferentes recursos se entregan en cuerpo y alma al cuidado de nuestra infancia más vulnerable.
Fue el Gobierno de Aragón quien las consideró “ESENCIALES” en plena pandemia, cuando, careciendo de información y equipos de protección, lo dieron todo, arriesgando incluso sus propias vidas para acompañar a estos niños en aquellos dramáticos momentos. Tan “esenciales” que cada vez que se ha convocado una huelga en estos centros el Gobierno de Aragón ha fijado los servicios mínimos en un 100% de la plantilla.
Nuestro sector desarrolla un trabajo tan esencial como duro. En general se trata de profesiones altamente cualificadas, que requieren formación universitaria y una actualización a lo largo de toda la vida, donde la experiencia es crucial a la hora de resolver con éxito intervenciones generalmente muy delicadas. Y sobre todo porque es un trabajo que conlleva manejar altísimas dosis de estrés.
Trabajar con niños y jóvenes en situación de riesgo social es duro, muy duro. Acompañarlos en sus problemas, su sufrimiento, sus avances y retrocesos, sus miedos y angustias, su rabia, su frustración y sus respuestas en ocasiones violentas, conlleva un impacto psíquico y emocional tremendo, con serias implicaciones sobre la salud de las plantillas a medio y largo plazo.
Nos parece tremendamente injusto que profesionales que desarrollan un trabajo de estas características se vean condenadas a sobrellevar una vida precaria, con salarios indignos, mileuristas, de subsistencia, que abocan a una angustia cotidiana para llegar a fin de mes e impiden la realización personal de un proyecto vital y familiar dignos. Y si esta es nuestra realidad, más penosa aún es la situación de nuestras compañeras encargadas de realizar sustituciones.
La Administración Pública de Aragón ha manifestado su compromiso de incrementar la financiación de estos recursos cuando el futuro Convenio Autonómico lo requiera. Las entidades gestoras, por su parte, tal y como declaran en sus estatutos, fundamentan su actuación en principios de equidad y solidaridad social, profesionalidad y calidad en el servicio. Es por esto que no hay ningún obstáculo real para la firma de este convenio, que redundará en una mejora rotunda, no sólo de las condiciones laborales de estos trabajadores, sino en la calidad del trabajo que desarrollan y, por ende, en la posibilidad de que los menores a su cargo tengan en el futuro la vida digna que merecen
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